Acaba de aprobarse la incorporación del grupo que conforman Predial Propiedades y Quinquela. La propuesta es concentrar un capital de USD 50 millones destinados a la edificación de 6 desarrollos inmobiliarios. Prometen además que se fijará el día de la oferta pública dentro de unas semanas para quienes deseen participar de este FCIC.

A pesar de esta buena noticia, para algunos la demora en la aprobación de los Fondos Comunes de Inversión Cerrados destinados a la construcción ha desanimado la enorme expectativa de que, el éxito del blanqueo, se destinara a estas operaciones.

En el último trimestre se presentaron 38 proyectos en la Comisión Nacional de Valores, 12 son provenientes del sector inmobiliario. Del total de los FCI hasta ahora, pueden operar 9 y de estos nueve, sólo 4 son bienes raíces. Allaria Residencial Casa ARGI recogió USD 30 millones para desarrollos en Caballito y Devoto, Compass Group que emplazará sus proyectos en el espacio aéreo de locales de Frávega. Consultatio, la empresa de Costantini tiene luz verde para la iniciación de sus 3 proyectos que lidera en impacto urbanístico la refundación de Nordelta como ciudad-pueblo. Esta previsto el Ok para el Distrito Quartier en el Paseo del Bajo y para el Grupo Portland mentor del crecimiento en la zona de Olivos.

La aprobaciones se hacen esperar y por ahora la capacidad que tengan estas empresas para alcanzar las cifras estimadas en un principio, es aún lejana. La ley que regula este sistema es la 27.260 y determina cantidad de inversores, capital mínimo, plazos, etc. Los brokers más entusiastas calculaban que los fondos obtenidos se traducirían en una cifra de representaría la construcción de 10.000 inmuebles.

Según algunas opiniones, el apuro por implementar la medida hizo que el sistema no tenga la estructura que necesita para vehiculizar rápidamente las aprobaciones, otros creen que hubo una falta de estímulo en promover que los fondos provenientes del blanqueo se canalizaran en el real estate local.

En todo caso, sería oportuno darles un empuje mayor dado que el impacto que pueden tener en la construcción de viviendas se corresponde al 10% del total de lo que se edifica en nuestro país durante un año. Una solución clave para subsanar el acceso a la vivienda propia y la reactivación del trabajo genuino.