El pasado 24 de agosto, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación de la ley de alquileres. A partir de ahora, los costos del contrato correrán por cuenta del propietario. Se supone que la nueva regulación aspira a preservar del abuso a los millones de ciudadanos que carecen de vivienda propia, protegiendo a la parte más vulnerable.

A primera vista, uno pensaría que si dos partes firman un contrato para beneficio mutuo los costos del servicio deberían dividirse en partes iguales. Si es así, habría que preguntarse por qué una mayoría aprueba esta regulación a propuesta de un partido de gobierno que ha insistido como ningún otro en la importancia de garantizar la seguridad jurídica para incentivar la inversión y el crecimiento económico.

Aunque la ley sea motivo de festejo, la respuesta a esta pregunta podría ser una mala noticia: los argentinos tenemos una concepción un tanto extraña de la justicia social. Yo la llamaría la concepción “Robin Hood”. La idea es que toda interacción en la que una de las partes tiene una cosa que la otra necesita, involucra una relación solapada de explotación: a mí me falta algo porque el otro tiene demasiado y utiliza su posición de ventaja para imponerme condiciones draconianas. Ergo, hay que obligar al fuerte compartir sus privilegios con el explotado.

Este razonamiento tal vez explique la famosa ley de alquileres promulgada por el General Perón, ley que se parece bastante a la que ya tiene media sanción en el Congreso. Y podría explicar también por qué tenemos un régimen de indemnización por despido en lugar de un seguro universal de desempleo: nada más reconfortante que ver al vil empresario compartir su riqueza mal habida con su víctima directa.

En muchos casos, el presupuesto de que el propietario es un burgués acaudalado y el inquilino un trabajador que busca techo para su familia es empíricamente falso. En un país con jubilaciones de hambre, moneda débil y un sistema financiero colapsado, mucha gente compra una propiedad modesta para tener una vejez digna. Y, a la inversa, muchos inquilinos prefieren no comprar la vivienda que podrían pagar por comodidad o para invertir su plata en un negocio más rentable.

Al margen de que en algunos casos la realidad se burle del noble legislador, vale la pena examinar un poco las credenciales del ideal Robin Hood. En una concepción estructural de la justicia social, el bienestar de los ciudadanos y la satisfacción de sus derechos fundamentales es una responsabilidad de toda la sociedad: la justicia remite a una relación de la comunidad con sus integrantes, no una relación horizontal entre particulares.

Por consiguiente, el costo de facilitar el acceso a bienes esenciales deberían afrontarlo todos los ciudadanos mediante un esquema fiscal progresivo. Desde esta perspectiva, la solución Robin Hood es nada más que otra forma de injusticia, una treta de la que se sirven los más ricos para que otros, a menudo menos ricos que ellos, carguen con todo el peso de la solidaridad. Y esto sin mencionar el detalle de que la regulación ofrece una solución puramente cosmética, omitiendo el verdadero problema, a saber: el de los que son tan pobres que no pueden siquiera pagar un alquiler.

Un slogan que la academia crítica repite como un mantra es que en las democracias burguesas actuales el único derecho sacrosanto es el derecho de propiedad. Supongo que estos librepensadores habrán tomado la precaución de no ahorrar en ladrillos y, sobre todo, que nunca han visitado la Argentina: un país donde todos, a izquier da o derecha, somos honrosamente populistas.

Fuente: Diario Clarin

https://www.clarin.com/opinion/ley-alquileres-justicia-hood-robin_0_SJgQvzLKW.html