Los últimos acontecimientos provocados por la puja de las entidades bancarias en captar clientes para sus líneas de créditos hipotecarios y la más reciente en las diversas opiniones volcadas en el tratamiento de las modificaciones a la ley de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, originando aclaraciones de Alejandro Juan Bennazar, Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina(CIA) y de dirigentes de diversos Colegios Inmobiliarios del País, que en labor mancomunada, pusieron en conocimiento de la sociedad toda la real importancia del inmobiliario.

Pudo conocerse así las múltiples y complejas tareas que una organización inmobiliaria debe hacer frente desde el comienzo de su gestión, aunque la misma se desarrolla mucho antes, ya que previamente debió realizar un estudio del mercado al que orientará sus servicios; seleccionar y capacitar a su personal; seleccionar al conjunto de profesionales que lo asesorarán en caso necesario; organizar é implementar la estructura de servicio al cliente.

A partir de allí y cuando se establece el primer contacto con el recurrente – sea por alquiler o por venta; el dueño o el inquilino; el que busca o el comitente – se desarrollan una cantidad de gestiones condicionadas a cada uno de los casos, en su mayoría de distintas incidencias: Nuevas figuras jurídicas; diversas modalidades de contratación; vigencia de un nuevo código; alternativas de sistemas de garantías, son algunos de los factores que obligan al inmobiliario a estar en permanente actualización y asumir los riesgos que supone un error en uno de los pasos de su gestión.

Ello ha hecho que existan hoy algo más de 25 entidades de educación superior que dictan Carreras para la formación de Tasadores, Martilleros Públicos y Corredores y últimamente la creación de la Licenciatura en Tasación, Correduría y Gestión de Bienes. A ello se debe agregar la cantidad de bibliografía nacional y extranjera que se ofrece al sector.
Como se puede advertir, una tarea de responsabilidad social que el gran público no conocía en su verdadera dimensión y que no condice con una regulación de honorarios que cercena la disponibilidad de recursos requeridos para el desempeño de una gestión profesional, acorde al exigido por una sociedad que propone diversos formatos contractuales, que satisfagan intereses y velen por el patrimonio de las partes actuantes.

4/9/2017 – Prof. Jorge A. Alonso