En última instancia, el debate sobre la ley de alquileres gira alrededor de la conveniencia de que un tercero (el Estado) imponga en forma compulsiva restricciones a los acuerdos que propietario e inquilino pueden libremente elegir. Existen múltiples opiniones sobre el impacto de estas restricciones. Algunos economistas advierten que condicionar el derecho del propietario a elegir el plazo o la forma de indexación incrementará en el corto plazo los precios de los alquileres y, en el mediano, tanto los precios como la inversión inmobiliaria. En contraste con lo anterior, las asociaciones de inquilinos argumentan que razones de justicia hace imperativo que el Estado regule.
La ley de alquileres es un ejemplo, entre muchos, de la colectivización de procesos decisorios, entendiendo por esto el reemplazo de decisiones individuales y acuerdos voluntarios por otros que vienen impuestos por el colectivo. Existe colectivización cuando el gremio de docentes decide «democráticamente» hacer huelga forzando a los que no quieren parar a hacerlo. O cuando chicos «toman» escuelas, obligando a que estas suspendan clases. Responden también a procesos decisorios colectivos las asignaciones correspondientes a gasto público, a nivel ya sea nacional, provincial o municipal.
James Buchanan, premio Nobel de Economía, ha comparado decisiones tomadas a través de mecanismos colectivos (el «mecanismo político») con aquellas tomadas en forma individual (el «mecanismo de mercado»). Sin desconocer la importancia de las decisiones colectivas, Buchanan señala las restricciones inherentes a esta alternativa. Por de pronto, la decisión colectiva requiere que se delegue autoridad a representantes (que tienen sus propios intereses y objetivos). Desemboca además en «ganadores y perdedores», cosa que no ocurre con decisiones individuales donde el que participa de un acuerdo lo hace por considerar que el acuerdo es beneficioso.
Pero la decisión colectiva tiene un impacto adicional que puede pasar desapercibido. Y este se refiere al mensaje que transmite a aquellos que participan en estos procesos. En efecto, ahora el bienestar al que se accede no depende de lograr un acuerdo con otro que sea mutuamente beneficioso, sino de pertenecer al grupo favorecido por el proceso político. Que este proceso sea el responsable de nuestro destino sugiere qué energías deben ser dedicadas a que nos favorezca. Conflicto y desgaste de energías son el resultado. Por supuesto, el proceso político funciona a través de «facilitadores» de diverso tipo: gremialistas, cámaras, lobistas y abogados. Todos estos capturan parte de la renta que la sociedad genera.
Analizar la ley de alquileres requiere avanzar más allá de los posibles impactos sobre oferta, demanda, precios e inversión. Estos son temas por supuesto relevantes y sobre los cuales existe mucha confusión. Pero también debe analizarse cómo la colectivización decisoria (inherente a esta ley) aleja al ciudadano del concepto de mercado, contrato y acuerdo voluntario, y lo acerca al concepto de grupos de presión, lobby y conflicto social.
Que Argentina sea un país con altísima (y potencialmente peligrosa) conflictividad no es casualidad, sino el resultado de décadas de persistente colectivización decisoria. Daniel Lipovetzky, integrante del partido que vino a «cambiar» Argentina y promotor de la restrictiva ley de alquileres haría bien en reflexionar sobre estos aspectos.
Fuente: Infobae.com
Noticias y prensa de la Cámara Inmobiliaria argentina 