Tras las idas y vueltas en el proyecto, que sería tratado el miércoles próximo, se establecerá que el plazo mínimo de los contratos pasará a ser de tres años. Buscarán acelerar los desalojos.

El tratamiento de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados entra en la recta final. La iniciativa ya tiene dictamen de comisión y sería debatida el miércoles de la semana que viene, pero tras varios idas y vueltas, el texto original tendrá algunas modificaciones. La exigencia de la garantía será flexibilizada, el plazo de contrato se mantendrá en tres años y el reajuste semestral se hará de acuerdo a una fórmula que combine salarios e inflación.

El Gobierno nacional y el diputado oficialista Daniel Lipovetzky mantuvieron la semana pasada reuniones con representantes del sector inmobiliario y de defensa de los derechos de inquilinos para introducir cambios al texto que allanen el camino para su sanción en la Cámara baja.

En términos prácticos, el proyecto sostendrá que el plazo mínimo para los contratos de alquiler sea de tres años. En este aspecto no habrá cambios más allá del reclamo de las inmobiliarias. Por otra parte, si bien se especuló en implementar un reajuste de precios semestral que siga a la inflación a través del índice UVA, finalmente terminará utilizándose un indicador especial que tenga en cuenta la evolución de los precios y también de los salarios.

Respecto a la garantía, será más flexible pero no tanto como pretendía la redacción original del proyecto. La iniciativa planteaba cinco opciones: garantía real, aval bancario, seguros de caución, recibo de sueldo o garantía de fianza, a opción del inquilino. Si este contaba con alguna de esas variantes, el propietario no podía exigirle otra complementaria.

Tras las negociaciones, se consensuó que el texto sea reescrito para que el dueño del inmueble pueda exigir dos de las cinco alternativas planteadas en la norma. “La idea es salir de la garantía real, que es un obstáculo al alquiler. Suelen pedir un inmueble en la Ciudad y mucha gente que viene de afuera no puede conseguirlo. Lo que proponemos es que haya otras opciones que son tan buenas como esa“, dijo Lipovetzky en diálogo con TN.com.ar.

Aunque en los últimos días trascendió que se eliminaría la obligatoriedad de la declaración de estos contratos ante AFIP, desde la Casa Rosada y el bloque Cambiemos lo desmintieron. “Va a ser obligatorio para evitar la evasión en el sector. Es algo que va a tener un beneficio para inquilinos porque se puede descontar el pago de Ganancias y vamos a ver si incluimos algo más para incentivar al propietario al registro”, explicó el legislador.

Otro tema que se incorporó al debate sobre el proyecto, de la mano de una exigencia del sector inmobiliario, tiene que ver con la aceleración de los procesos de desalojo ante incumplimiento de contrato. Los ejecutivos plantearon que esos juicios no deberían concretarse en más de 30 días.

Sobre este tema, que no estaba previsto en la redacción original, Lipovetzky reconoció que “se agregará algo que servirá más como algo orientativo, pero los juicios dependen de las provincias, está fuera del alcance del proyecto”.