Los desarrollos que se construyan en lotes deberán pagar un importe que será destinado a infraestructura para los sectores más vulnerables.
Acaba de promulgarse la ley de Plusvalía Urbana, una normativa que fue presentada por el oficialismo porteño junto con los códigos Urbanístico y de Edificación. Es moneda corriente en una gran cantidad de capitales del mundo, como París y Bogotá.
Con la aplicación del Código Urbanístico, aprobado hace unas semanas, se busca revitalizar la Ciudad con zonas que integren varias actividades y una morfología más homogénea; lo que deriva en un alza en los valores del suelo en los que se podrá construir más metros cuadrados. Según se explica desde el sitio del GCBA, la plusvalía urbana consiste en este valor adicional que adquiere la propiedad a partir del cambio de normativa impulsado por el Ejecutivo porteño. En concreto, la flamante ley propone que el desarrollador contribuya con el crecimiento y consolidación de los servicios e infraestructura de la Ciudad a través del pago de un porcentaje de esa ganancia extra que obtuvo gracias a la medida tomada por el Estado porteño.
En su artículo 326, la ley establece que «quedarán obligados al pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable quienes soliciten un permiso de obra que comprenda metros cuadrados adicionales a los establecidos en el Código de Planeamiento Urbano«. El importe se calcula sobre la base de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales y la incidencia del terreno.
En contrapartida, la ley establece que el 94% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Urbano y Hábitat que se crea con esta normativa, y al financiamiento exclusivo de viviendas y equipamiento social, obras de infraestructura de transporte y servicios, espacios públicos de calidad, e integración de barrios vulnerables. Desde el GCBA consideran que la articulación de los códigos y la Ley de Plusvalía Urbana contribuirá al crecimiento social, cultural y económico.
Para determinar la prioridad de las obras a realizarse se elaboró un «índice de infraestructura”, que clasifica zonas de la ciudad según la cantidad y calidad de acceso al transporte, hospitales, escuelas, servicios públicos y cultura. «Con esto se busca equilibrar el desarrollo urbano, poniendo el foco en los más vulnerables», argumenta el gobierno.
En tanto, el 6% restante integrará el Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados, cuyo presupuesto se volcará a la protección del patrimonio arquitectónico porteño.
Fuente: Diario Clarín
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